Thursday, December 5

Pierluisi se convierte en diversas medidas legislativas

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El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia ha promulgado una serie de leyes destinadas a fortalecer diversos aspectos clave en Puerto Rico. Una de las acciones significativas fue la transformación de los jóvenes del Proyecto de Casa 2155, orientado a reforzar las finanzas de la Corporación de Puerto Rico para su difusión pública. Esta nueva legislación revoca la exención previa que beneficiaba a entidades como la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Compañía de Fomento Industrial y el Departamento de Hacienda, eximiéndolos de abonar al menos el 5 por ciento de sus requerimientos publicitarios televisivos a la Corporación Pública.

Además, el gobernador también respaldó el Proyecto de la Cámara 1663, el cual establece la «Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor», con el propósito de asegurar que los consumidores no enfrenten discriminación al acceder a servicios esenciales como agua potable y electricidad.

Otra medida aprobada es el Proyecto de la Cámara 1606, que introduce modificaciones a la «Ley del Registro de Existencias de Materiales Metálicos», imponiendo la obligación de reportar electrónicamente al Negociado de la Policía todas las transacciones relacionadas con materiales como el cobre y el aluminio, con el objetivo de combatir el mercado ilegal de metales.

Adicionalmente, el gobernador ha rubricado el Proyecto de la Cámara 2072, que insta al «Código Municipal de Puerto Rico» a continuar respaldando la autonomía de los municipios y a facilitar el desarrollo económico local. Esta legislación busca promover la capacidad de los municipios para gestionar sus propios asuntos y fomentar un entorno propicio para el crecimiento económico a nivel local.

Estas acciones legislativas reflejan el compromiso del gobernador Pierluisi Urrutia y su administración con el fortalecimiento institucional, la protección de los consumidores, la transparencia en las transacciones comerciales y el desarrollo municipal sostenible. A través de estas leyes, se busca mejorar la administración de recursos públicos, garantizar la equidad en el acceso a servicios básicos y promover un entorno favorable para el progreso y la autonomía de los municipios en Puerto Rico.

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