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Si la administración de Biden logra su objetivo, más fábricas en Texas y Arizona producirán chips electrónicos. Estos chips luego serán enviados a países aliados como Costa Rica, Vietnam o Kenia para su montaje final antes de ser distribuidos globalmente para su uso en productos como refrigeradores y supercomputadoras.
Aunque estos países no suelen asociarse con la producción de semiconductores, la administración está trabajando intensamente para reformar la cadena de suministro global de chips. El plan incluye persuadir a empresas extranjeras para que inviertan en la fabricación de chips en los EE. UU. y encontrar otros países para completar la producción. Este enfoque se ha denominado la «diplomacia del chip».
La administración de Biden sostiene que producir más chips en los EE. UU. mejorará la prosperidad y la seguridad nacional. En una entrevista reciente, el presidente Biden destacó cómo convenció a Corea del Sur para invertir miles de millones en la fabricación de chips en EE. UU.
Además, la estrategia incluye trabajar con socios internacionales para asegurar que las inversiones en EE. UU. sean sostenibles. Este esfuerzo busca abordar preocupaciones de seguridad relacionadas con China, que está aumentando su producción de chips y amenazando a Taiwán, un centro clave de tecnología de chips. También apunta a reducir el riesgo de interrupciones en la cadena de suministro, evidentes durante la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania.
Ramin Toloui, un exfuncionario del Departamento de Estado, explicó que el objetivo es diversificar y fortalecer las cadenas de suministro globales. La administración también pretende aplicar esta estrategia a tecnologías de energía verde, como baterías de vehículos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas, sectores dominados por China.
En los tres años de la administración Biden, EE. UU. ha atraído $395 mil millones en inversiones en fabricación de semiconductores y $405 mil millones en tecnología verde y energía limpia. Empresas de países como Japón, Corea del Sur y Taiwán están invirtiendo en estos sectores en EE. UU. Por ejemplo, SK Hynix de Corea del Sur está construyendo una fábrica de $3.8 mil millones en Indiana.
El secretario de Estado Antony Blinken destacó estos proyectos en una reciente conferencia, subrayando cómo la legislación de Biden busca modernizar la infraestructura estadounidense para atraer más inversión extranjera.
El Departamento de Comercio ha sido clave en estos esfuerzos, proporcionando $50 mil millones para la investigación y fabricación de chips. Gina Raimondo, secretaria de Comercio, ha trabajado con gobiernos extranjeros para identificar oportunidades de inversión y ha discutido la diversificación de la cadena de suministro en países como Costa Rica, Panamá y Tailandia.
Reformular las cadenas de suministro globales para depender menos del este de Asia será un desafío, debido a la avanzada tecnología y los costos más bajos de estas fábricas. Taiwán produce más del 60% de los chips del mundo, incluidos los más avanzados.
A pesar de estos desafíos, se espera que las nuevas inversiones aumenten la participación de EE. UU. en la producción mundial de chips al 14% para 2032. Algunos funcionarios han adoptado una diplomacia más coercitiva para limitar el acceso de China a tecnología avanzada.
Toloui y su equipo están identificando países y empresas dispuestas a invertir en la industria estadounidense y establecer fábricas. La Ley CHIPS incluye $500 millones anuales para crear cadenas de suministro seguras y proteger la tecnología de semiconductores, con países como Costa Rica, Indonesia, México, Panamá, Filipinas y Vietnam participando en el programa.
La formación profesional es una prioridad, con colaboraciones potenciales entre universidades estadounidenses y extranjeras para desarrollar programas de capacitación. Esta red de alianzas estratégicas proporciona una ventaja sobre China al diversificar la producción global de tecnología avanzada.
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