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A partir del 2 de agosto, España comenzará a aplicar la Directiva Europea de Conciliación, que establece un mínimo de cuatro semanas de permiso retribuido para padres desde el nacimiento de un hijo hasta que cumpla 8 años. Sin embargo, su implementación estará suspendida hasta 2025, mientras el Gobierno de coalición negocia los términos.
Esta directiva, aprobada en 2019, requiere que cada trabajador tenga derecho a un permiso parental de al menos cuatro meses antes de que el hijo cumpla 8 años. De estos, dos meses son intransferibles y deben ser sancionados si no se cumplen. El Gobierno tiene hasta ahora un margen adicional hasta agosto para adaptarse a estos requisitos.
La ley de familias ya reconoce este derecho, pero aún queda por definir cómo y cuándo se financiará, lo que deja en suspenso el cumplimiento total de la directiva. Funcionarios del Ministerio de Derechos Sociales insisten en que no renunciarán a la retribución de las cuatro semanas, aunque algunos miembros del Gobierno ya lo han hecho.
El diputado de Sumar, Carlos Martín Uriza, explica que la directiva requiere al menos 22 semanas de permiso retribuido: 14 por nacimiento y 8 por cuidados antes de que el hijo cumpla 8 años. Actualmente, España ofrece 19 semanas, divididas en 16 semanas por nacimiento y 3 semanas adicionales para lactancia.
Se sugiere que el PSOE debería ampliar el permiso de nacimiento de 16 a 20 semanas y garantizar el pago de 4 de las 8 semanas de permiso parental. Esto podría costar al Gobierno alrededor de 250 millones de euros por semana pagada. Además, si no se transponen las normativas a tiempo, la multa podría alcanzar los 53,600 euros diarios.
Existen muchas dudas e incertidumbres tanto entre trabajadores como empleadores sobre cómo se financiarán estos permisos. Según Catarina Capeáns, especialista en derecho laboral, aunque la ley reconoce el derecho, no concreta cómo se debe pagar. Esto ha generado confusión sobre el porcentaje del salario que se destinará a estos permisos y su costo.
Mamen Sánchez, asesora laboral, también destaca que la falta de claridad sobre cómo se implementarán estos permisos ha generado incertidumbre en muchas empresas. La responsabilidad del pago recae en el Estado, pero se necesita un desarrollo normativo que lo haga viable, con el objetivo de cumplir completamente con la directiva para 2025.
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